a denuncia presentada contra la jueza de Cámara Marcela Fernández Favaron por el caso de la “Niña Lila” volvió a poner sobre la mesa un tema sensible: la falta de articulación entre los fueros Penal y Civil cuando se trata de menores víctimas de presunto abuso.
El conflicto judicial, que lleva más de dos años, tiene a una niña separada de su madre y su familia materna mientras el expediente por abuso sexual avanza en Casación. En paralelo, en el fuero Civil se analiza la pérdida del vínculo familiar, lo que derivó en la acusación de la abogada Élida Barrera contra la magistrada por “no garantizar el contacto” entre la menor y su entorno materno.
Especialistas en derechos de infancia advierten que el caso refleja un problema estructural del sistema: los distintos fueros actúan de manera fragmentada, sin una mirada integral que contemple el interés superior del niño.
“El expediente penal y el civil se cruzan, pero rara vez se coordinan”, señaló una fuente judicial.
El reclamo también reaviva el debate sobre el rol del Estado en el acompañamiento psicológico y social de las familias atravesadas por causas de abuso y conflictos de guarda.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura deberá resolver si la denuncia contra Fernández Favaron prospera, en un contexto donde el caso vuelve a exponer las tensiones entre la protección de derechos y la burocracia judicial.